WASHINGTON -- Cualquiera que haya intentado descifrar quién representa más sinceramente los intereses de Colombia en torno al polémico acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia corría el riesgo de quedar aturdido, la semana pasada, con los sucesos en Washington y las reacciones en Colombia.
Todo empezó cuando el Presidente Bush tomó la decisión de enviar el acuerdo comercial al Congreso sabiendo perfectamente que el liderazgo de la Cámara no estaba listo. La Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ya le había advertido a Bush que la medida fracasaría si la presentaba con demasiada premura y sin legislación complementaria para responder a la creciente ansiedad económica en este país. Eso demostró, afirmaron los demócratas, que Bush estaba menos interesado en pasar el pacto que en ganar puntos políticos en pleno año electoral.
Después de que el proyecto llegó al Capitolio, Pelosi dio el paso sin precedentes de posponer el voto indefinidamente a pesar de que la ley requiere que la Cámara lo considere durante los primeros 60 días legislativos después de su entrega. Esto comprobó, aseguraron los republicanos, que estaba más interesada en satisfacer a los poderosos intereses laborales de Estados Unidos que se oponen al acuerdo que en apoyar al aliado más cercano de Washington en América Latina.
Ambas partes, claro está, estaban poniendo a la política por encima de sus preocupaciones por Colombia. Eso es de esperarse entre políticos en un año electoral. Lo que es extraño es escuchar a aquellos que deberían darle prelación a Colombia -- es decir, colombianos -- aplaudiendo lo ocurrido y usando la ocasión para atacar al libre comercio.
Entre ellos estaba Carlos Gaviria, líder del partido Polo Democrático, que en una entrevista en El Espectador celebró la acción de Pelosi insistiendo en que el tratado de libre comercio seria "nocivo" para la economía colombiana, sus pobres y su soberanía. Gaviria, que ganó un 22 por ciento del voto en las elecciones presidenciales del 2006, envió una carta a Pelosi el mes pasado asegurando que el acuerdo significaría la ruina para el sector agrícola colombiano.
También estaba Daniel Samper, el respetado columnista de El Tiempo y hermano del expresidente Ernesto Samper, quien argumentó que el acuerdo sería un "suicidio", particularmente en el actual contexto de altos precios de alimentos. Samper aseguró que el tratado de libre comercio mataría a las industrias locales permitiéndole así a las multinacionales no enfrentar competencia en Colombia e imponer los precios que quisieran. Debido al libre comercio, agregó, la comida se convertiría en "privilegio de los ricos".
Esas opiniones no podrían diferir más radicalmente del pensamiento de la izquierda en Chile y Perú, los dos países suramericanos que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. En ambos países, gobiernos de centro izquierda firmaron los acuerdos -- con entusiasmo.
En Chile ha habido una aceptación generalizada de que para una economía tan pequeña -- de un tamaño similar a la de Colombia -- un comercio libre es la única esperanza para la prosperidad en el país. Cuando el tratado entre Estados Unidos y Chile se formalizó en 2003, ya la izquierda en Chile había firmado pactos similares con Canadá, México, la Unión Europea y Corea del Sur y había bajado los aranceles a un seis por ciento para el resto del mundo.
En Perú, entre tanto, el libre comercio ha entrado en boga y el Presidente Alan García -- un instigador de izquierda en los 80 -- se ha convertido en su defensor incondicional. García quiere que los éxitos logrados en Chile, la economía latinoamericana con mejor desempeño, echen también raíces en Perú.
El peligro con la posición de la izquierda colombiana, promovida por Gaviria y Samper, es que genera temor ante el comercio y demora la necesaria evolución intelectual y práctica que ayudó a preparar mejor a los chilenos.
Además, en su apasionada oposición al acuerdo, Gaviria y Samper terminan apoyando el mismo status quo que ha favorecido a grandes industrias no competitivas en Colombia que por mucho tiempo han compensado su falta de innovación usando su influencia política para permanecer protegidos.
Ese es el caso del arroz, una de los negocios agrícolas más protegidos en Colombia. No es coincidencia que el arroz es el único producto que en el propuesto acuerdo de libre comercio con Estados Unidos cuenta con un total de 18 años antes de enfrentar competencia plena. Al juntar el actual record en precios con generosas protecciones, la industria del arroz no podría pedir mejores condiciones para determinar si puede competir en la economía global.
La izquierda de Colombia serviría mejor los intereses del país ayudando a preparar a los trabajadores para lo inevitable y dándole más crédito a la habilidad de la industria local de hacerse más competitiva. Después de todo, tras la niebla política de Washington, el hecho es que el pacto no está muerto. Si Pelosi hubiera querido sepultarlo lo habría podido hacer.
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