EFE
Actualizado 19-10-2008 22:57 CET Santiago de Chile.- La justicia chilena ordenó hoy la prisión preventiva para dos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) involucrados en una red de corrupción que permitió que más de un centenar de delincuentes quedarán libres durante los últimos dos años.
(EFE)
El plazo de investigación se fijó en dos años, a partir del viernes pasado, día en el que se formalizó a los primeros 18 acusados de integrar la red delictiva.
El juez del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, decretó la medida para Richard Fabián Salinas Lillo y Óscar Enrique Contreras Cruz, por considerar que su libertad "constituye un peligro" para el éxito de la investigación.
Ambos se suman a otros nueve policías detenidos por este caso, que también involucra a funcionarios activos y retirados del Poder Judicial.
Según la Fiscalía Centro Norte, todos serían parte de una red que ayudó a violadores, asaltantes, homicidas y narcotraficantes a recuperar su libertad o rebajar sus condenas.
Salinas fue formalizado por los delitos de cohecho y asociación ilícita; en tanto, Contreras fue sindicado como autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita y sabotaje informático.
Gendarmería (policía de prisiones) indicó en la audiencia que los dos imputados serán trasladados hasta un módulo especialmente habilitado para estos fines en la Penitenciaría, por el lapso que dura la incomunicación (cinco días hábiles).
El plazo de investigación se fijó en dos años, a partir del viernes pasado, día en el que se formalizó a los primeros 18 acusados de integrar la red delictiva.
En total hay una orden de detención por al menos 38 personas y se indaga la participación de 24 detectives entre los que se cuentan los detenidos y no se descarta que en la red también estén involucrados personal de Gendarmería (policía de prisiones) y otras instituciones del Estado.
Según las investigaciones, la encargada de dirigir la red de corrupción era la funcionaria del vigésimo tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Margarita Cuadros Aedo, quien fue miembro de la Policía Civil de Investigaciones (PDI) entre 1974 y 1980.
Cuadros reclutó a policías jóvenes, que ocultaban las órdenes de detención y arraigo en el sistema de computación Gestión Policial (Gepol).
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, resolvió que el juez Mario Carroza, a cargo de este caso, tenga dedicación exclusiva para indagar los hechos y que la investigación administrativa se amplíe hasta las últimas consecuencias
Marín indicó que esto se resolvió en un pleno extraordinario ante la preocupación que existe por los funcionarios del Poder Judicial que fueron detenidos en este caso.
El presidente de la Corte Suprema indicó que esta decisión "forma parte de las políticas de asumir las situaciones que nos afectan, investigarlas y corregirlas".
El director nacional de la PDI, Arturo Herrera, anunció que el departamento jurídico de la institución estudia presentar una querella contra los detectives imputados por abuso de confianza en el uso de las claves de acceso al sistema informático interno para modificar los antecedentes de delincuentes a cambio de dinero.
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