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jueves, mayo 01, 2008

SE LEVANTARÁ TODO EL ESTADIO NACIONAL

ESTADIO JULIO MARTINEZ PRADANOS

A ley proyecto que denomina al Estadio Nacional con el nombre de Julio Martínez Prádanos

El Senado aprobó con 19 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención la iniciativa, por lo que quedó en condiciones de ser remitida a la Presidenta de la República para su promulgación.

Cuando faltan dos días para que se cumplan cinco meses del fallecimiento del destacado periodista deportivo Julio Martínez Prádanos, el Senado aprobó, con 19 votos a favor, 5 en contra y una abstención, denominar al Estadio Nacional con el nombre del fallecido comunicador. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para su promulgación como ley.

Votaron a favor los senadores Soledad Alvear, Evelyn Matthei, Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Camilo Escalona, Alberto Espina, Eduardo Frei, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Sergio Romero, Mariano Ruiz-Esquide, Hosaín Sabag y Adolfo Zaldívar.

En contra, lo hicieron los senadores Nelson Ávila, Guido Girardi, Roberto Muñoz Barra, Ricardo Núñez y Carlos Ominami; mientras que el senador Carlos Bianchi se abstuvo.

Cabe recordar que la votación del proyecto estaba pendiente desde el 23 de enero de este año, cuando los senadores acordaron posponer su pronunciamiento con el objetivo de dejar pasar un tiempo que les permitiera tomar una decisión sin la presión sentimental del momento.

Esto, pues Julio Martínez había fallecido el 2 de enero, sólo 20 días antes de que se iniciara la discusión de la iniciativa en la Cámara Alta.

Si bien en el debate de hoy intervinieron los senadores Soledad Alvear, Hosaín Sabag, Nelson Ávila, Andrés Allamand, Roberto Muñoz Barra y Alberto Espina, ya habían dado a conocer su opinión los días 22 y 23 de enero, los senadores Jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Camilo Escalona y Ricardo Núñez.

Cabe recordar que el proyecto se originó en un mensaje del Ejecutivo y una moción de un grupo de diputados que pretende cambiar por ley el nombre del Estadio Nacional como una forma de reconocer la calidad humana, social y profesional de Julio Martínez Prádanos.

DEBATE

Durante su intervención en Sala, la senadora Alvear fundamentó su apoyo a esta iniciativa manifestando que las cualidades del fallecido periodista se asocian con la unidad de los chilenos, que es el propósito central que se tuvo en vista cuando se construyó el Estadio Nacional.

A su turno, el senador Sabag manifestó que el aporte de Julio Martínez a Chile es "innegable", por lo que el principal recinto deportivo del país se merece llevar el nombre del comunicador que se caracterizó por su sensatez y por la defensa de la historia y las costumbres del país.

Por su parte, el senador Ávila aclaró que su postura contraria a la iniciativa, en ningún caso pretende inferirle u agravio a la figura de Julio Martínez y mucho menos a su familia. Por el contrario, con su rechazo, dijo, intentó elevar una protesta simbólica a lo que denominó la "legislación al minuto", pues además considera que rebautizar al principal coliseo deportivo con el nombre del periodista, derivará en que muchos olviden llamar al recinto con su nueva denominación para simplemente referirse a él como Estadio Nacional.

En la misma línea, el senador Muñoz Barra se manifestó contrario al proyecto aclarando que junto con sentir un profundo respeto y admiración por el fallecido comunicador, considera que Chile fue generoso con él en vida, al concederle una serie de premios y galardones en reconocimiento por su labor. Además, cree que hay determinados símbolos nacionales como la Biblioteca Nacional, el Teatro Municipal y el Estadio Nacional que deben mantener intactas sus denominaciones.

Una opinión distinta manifestó el senador Allamand quien señaló que el destacado comunicador, quien fue premio nacional de periodismo, refleja muchos de los valores que deben identificar a un recinto deportivo, tales como la idea que tenía de la amistad, de la tolerancia, de la austeridad, el amor por el trabajo y el apego a la familia.

Finalmente el senador Espina señaló que no ve ninguna razón para que una persona con la brillante e intachable trayectoria que tenía Julio Martínez se le reconozca con el honor de denominar al coliseo deportivo más importante del país con su nombre. Agregó que el fallecido comunicador reúne todos los requisitos por su trayectoria, sus valores, su vinculación con el deporte y por haber sido un factor de unidad permanente.

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Aprueban legislar para consagrar el principio de libre acceso de los usuarios a Internet

Aprueban legislar para consagrar el principio de libre acceso de los usuarios a Internet

En forma unánime el Senado respaldó la idea de legislar sobre la iniciativa, pero acordó remitirla a las Comisiones Unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, para evitar una eventual colisión con la ley de propiedad intelectual.

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado a la idea de legislar sobre el proyecto que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, lo que significa que quienes presten servicios a los proveedores de acceso no podrán bloquear, interferir ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier contenido, servicio o aplicación legal a través de la web.

Con ello, la iniciativa que cumple su segundo trámite, quedó en condiciones de ser remitida a las Comisiones Unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de elaborar un informe que evite una eventual colisión entre este proyecto y la ley de propiedad intelectual. Para ello se fijó como plazo el 7 de junio para presentar las indicaciones pertinentes.

Durante el debate intervinieron los senadores Roberto Muñoz Barra, Carlos Ominami, Guillermo Vásquez, Jovino Novoa, Alejandro Navarro y Fernando Flores. Todos ellos coincidieron en la importancia de avanzar en una legislación sobre la materia, pero anunciaron una serie de propuestas para perfeccionar el proyecto.

El texto consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, garantizando que las concesionarias del servicio público de telecomunicaciones que presten servicios a los proveedores de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de la web.

LIBRE ACCESO

Mientras el senador Muños Barra recordó que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado hizo una serie de modificaciones que perfeccionaron el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, el senador Ominami valoró la iniciativa argumentando que todo lo que sirva para garantizar el libre acceso a Internet es fundamental.

No obstante recordó que el acceso a Internet está altamente concentrado en el país, pues Telefónica y VTR concentran más del 80% del mercado, lo que impone el deber de vigilar con atención para garantizar que la web se mantenga como un espacio abierto e impedir conductas anticompetitivas.

Por su parte el senador Vásquez, señaló que si bien el proyecto está "bien logrado" en cuanto a los objetivos que persigue, es fundamental que éste sea tratado en la Comisión de Economía, que preside, y en la de Transportes y Telecomunicaciones unidas para evitar una suerte de conflicto de colisión de normas entre este proyecto y el de propiedad intelectual que está radicado en la instancia que preside.

Lo anterior fue respaldado por el senador Novoa, quien explicó los alcances del proyecto destacando la prohibición de bloquear, interferir, discriminar o entorpecer o restringir el tráfico a través de Internet, siempre que se trate de acciones arbitrarias. Agregó que en cuanto a la gestión de tráfico y administración de la red, se mantiene que ninguna de estas acciones pueda constituir un ejercicio anticompetitivo.

En tanto el senador Navarro coincidió en la importancia de garantizar el principio de neutralidad en Internet, señalando que ello es fundamental si se toma en cuenta la lucha que tienen las grandes empresas de software y hardware por mantener la hegemonía, con prácticas ilícitas y antimonopólicas.

Junto con insistir en la necesidad de que el Estado aplique el software libre, anticipó que presentará una serie de indicaciones para garantizar los servicios básicos y la privacidad en la red.

Finalmente el senador Flores respaldó la iniciativa pero instó a sus pares a conformar un grupo de trabajo que se dedique a estudiar bien las implicancias que esto tiene, pues en su opinión existe una confusión de conceptos.

En tal sentido señaló que todo indica que hay que preocuparse los servicios de utilidad general en la red, pues todo avanza en esa línea, por lo que es importante para la seguridad y el intelecto del país preocuparnos de ello.

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Visan la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental

Senado aprobó en forma unámime la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Antonio Horvath y Hosaín Sabag, bajo la premisa de que es un avance a la espera de la nueva institucionalidad ambiental que debe enviar el gobierno al Congreso.

Con plazo para realizar indicaciones hasta el 12 de mayo próximo quedó el proyecto, en primer trámite, que consagra la participación ciudadana en los procesos de declaración de impacto ambiental. Ello, luego de que el Senado aprobara por unanimidad, la iniciativa que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para permitir la participación de la comunidad en los procesos de declaración de impacto ambiental.

En la jornada final del debate intervinieron los senadores Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Antonio Horvath, Hosaín Sabag, Sergio Romero, y Alejandro Navarro quienes valoraron esta iniciativa como un primer paso, dentro de una modificación más profunda a la institucionalidad ambiental.

El senador Jaime Orpis dejó constancia de que si bien es necesaria una mayor participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental también "es preciso otorgar mayores grados de autonomía a las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS), porque la actual lógica de estas instancias es evitar los conflictos y no necesariamente bajo la óptica técnica y si uno de sus integrantes actúa en forma independiente arriesga su cargo".

Por su parte, el senador Ricardo Núñez, indicó que este proyecto "es altamente significativo porque en la actualidad no existe una verdadera participación ciudadana y se requiere cada vez más debate porque ante la actual coyuntura energética es altamente probable que tengamos más proyectos de generación termoeléctrica". Agregó que esto redundará en mayores emisiones de CO2, emisiones de material particulado y nitrógeno al medio ambiente.

A su vez, el senador Antonio Horvath, recordó que "la mayor independencia de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente ya se trató en otra moción que fue aprobada por el Senado y que hoy está en Cámara de Diputados. En la iniciativa se establece que los integrantes de las COREMAS no pueden recibir órdenes y deben fundamentar sus votos". Por eso, destacó la importancia de aprobar este proyecto que permite la participación ciudadana porque se avanza en el mejoramiento de los actuales procedimientos.

Coincidió con su par, el senador Hosaín Sabag quien hizo presente que "toda la legislación debe adecuarse a las condiciones del país y por eso estamos abogando porque la participación ciudadana sea más expedita porque no podemos parar el desarrollo y la modernización del país, ni entrabar proyectos de generación de energía".

Por su parte, el senador Sergio Romero, hizo hincapié en la necesidad de que la Mesa del Senado convoque a una sesión especial con las autoridaes medioambientales para aclarar y resolver la normativa medioambiental que no contempla temas como la saturación de contaminación y monitoreos técnicos. "Creo que debiéramos invitarnos para hacer un esfuerzo grande, no para detener creación de nuevos proyectos de energía sino para ordenarlos en términos razonables para que se pueda tranquilizar a la población que está preocupada por estos temas".

Finalmente, el senador Alejandro Navarro, advirtió que el proyecto sólo incorpora la participación de la comunidad pero "no garantiza ni la eficiencia de los proyectos ni el respeto de los derechos ciudadanos, porque no hay una institucionalidad que los resguarde".

Cabe recordar que, la iniciativa establece plazos más reducidos –de 20 días- para presentar observaciones a estas declaraciones, en atención a la distinta entidad y naturaleza de los proyectos y actividad sometidos a ellas. Asimismo elimina el régimen de publicaciones mensuales con cargo a la autoridad sustituyéndolo por la publicación de un extracto a costa del titular del proyecto a actividad respectivo.

Tribunales Tributarios estarían bajo el alero del Poder Judicial pero con normas excepcionales

La Comisión de Constitución del Senado le solicitó al Ejecutivo que acoja una petición en esa línea a objeto de poder pronunciarse sobre el proyecto que crea y perfecciona dichos juzgados.

Un sustantivo acuerdo tomó la Comisión de Constitución del Senado al definir que los nuevos Tribunales Tributarios estarán bajo el alero del Poder Judicial, aun cuando tendrán normas excepcionales.

Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, tras explicar que durante el análisis del proyecto. En segundo trámite, que crea y perfecciona dichos juzgados, no existía claridad respecto de la naturaleza de esas entidades y la dependencia que tendrían.

Por ello, se le solicitó al Ejecutivo que entregara una propuesta que considere el planteamiento de la Comisión, en el sentido de estructurar los nuevos Tribunales bajo el alero del Poder Judicial, pero con normas excepcionales en cuanto al nombramiento de sus integrantes y aspectos propios de su funcionamiento.

"Analizando el proyecto surgió la duda de si son o no son tribunales de justicia bajo las normas comunes. El Ejecutivo nos dice que son tribunales con normas excepcionales y por eso le pedimos que nos trajera una estructura para pronunciarnos. En todo caso, la decisión de la Comisión es que los tribunales tributarios sean tribunales de justicia, bajo el alero del Poder Judicial, pero con normas excepcionales", explicó el senador.

Agregó que entre éstas últimas podrían estar contempladas las relativas al nombramiento de los jueces, al tiempo y horarios que estarán trabajando en sala, al sistema de remuneraciones, permisos y calificaciones, entre otros.

"Hay varias normas excepcionales que estamos todos de acuerdo que es posible incorporar. Por ejemplo, como los tribunales tendrán abogados expertos, tributaristas y otras profesiones, se requiere que haya un sistema de precalificación y eso se hará por el sistema de Alta Dirección Pública, lo que es un cambio al nombramiento de los jueces como se hace hoy día", señaló el senador Gómez.

Agregó que existe consenso en la Comisión de Constitución respecto de que si se están creando tribunales para resolver el problema de que el Servicio de Impuestos internos es hoy día "juez y parte", no se pueden crear "híbridos, tienen que tener una normativa común".

INFORME DE LA CORTE SUPREMA

Cabe recordar que en el informe que emitió la Corte Suprema sobre la iniciativa, manifestaron que la vía más idónea de fortalecer la jurisdicción tributaria es estructurándola sobre la base de Juzgados Tributarios creados en el Poder Judicial, radicando en salas especializadas de las Cortes de Apelaciones el segundo grado del procedimiento y en la Corte Suprema la resolución de los recursos de casación correspondientes.

En opinión del máximo tribunal, los juzgados tributarios debieran constituir juzgados especiales que participen en plenitud de la independencia orgánica y funcional que es propia de los tribunales de justicia, con todas las características, responsabilidades y atributos que los distinguen.
No obstante, el proyecto en estudio señala que la gestión administrativa de los Juzgados Tributarios y Aduaneros estará a cargo de la Unidad que crea la iniciativa, como un órgano funcionalmente descentralizado de la Subsecretaría de Hacienda.

En opinión de la Corte, ello no permite reconocerles la autonomía propia del ejercicio de la jurisdicción a cargo de tribunales independientes de otros Poderes del Estado, en especial si por la naturaleza de los asuntos comprendidos en su competencia, deberá conocer de reclamaciones en contra de actuaciones de otros Servicios que se relacionan precisamente con la misma Subsecretaría de Hacienda.

Proyecto que establece órdenes de partido para los parlamentarios generó rechazo

Proyecto que establece órdenes de partido para los parlamentarios generó rechazo

El presidente de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar y los senadores Juan Antonio Colma, Pedro Muñoz y Hernán Larraín se manifestaron contrarios a esa medida que impulsa el Ejecutivo.

La posibilidad de que las directivas o las cúpulas de los partidos políticos puedan dirigir la forma en que votarán sus parlamentarios en el Congreso, generó rechazo entre el Presidente de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar, y los senadores Juan Antonio Coloma, Pedro Muñoz y Hernán Larraín.

Junto con advertir que dicha medida podría tener problemas de constitucionalidad, los parlamentarios anticiparon su postura contraria a la disposición que pretende impulsar el Ejecutivo en un proyecto de ley de partidos políticos, que ingresaría al Congreso los próximos días.

Al respecto, el titular del Senado, Adolfo Zaldívar, manifestó que "las órdenes de partido no tienen sentido cuando uno tiene que votar en conciencia. Claramente la soberanía a uno se la delega el pueblo. Los partidos políticos no pueden coartarla ni entender que eso depende de la voluntad de una directiva".

Agregó que él mismo fue víctima de una medida similar a la que ahora pretende imponerse por ley "porque algunos no han querido entender lo que es un partido político".

A su turno, el senador Juan Antonio Coloma manifestó que es amentable que "las mentes de los teóricos del gobierno confundan la participación ciudadana a través de los partidos y pretendan ponerles un bozal a los parlamentarios, para que los jefes de partidos sean los únicos que puedan opinar e imponer la disciplina en su interior".

Asimismo, señaló que a través de un proyecto que es para modernizar a los partidos "se vuelve a esquemas totalitarios. Se nos propone que los que manden sean los jefes de los partidos y que los parlamentarios acaten o se vayan".

PODER CUPULAR

Por su parte, el senador Hernán Larraín lamentó la medida que se pretende impulsar argumentando que apunta a la centralización, pues "se le da mucho poder a la cúpula y me parece simplemente poco democrático".

En su opinión existirían varios aspectos del proyecto que tendrían problemas de inconstitucionalidad, por lo que anticipó que lo estudiarán "con ojo muy crítico".

En tanto, el senador Pedro Muñoz dijo no ser partidario de establecer órdenes de partido, pero si de mantener una cierta disciplina partidaria a través de otro tipo de regulación o sanciones.

"Tenemos un proyecto en la Comisión de Constitución que presentamos con el senador Mariano Ruiz-Esquide, que plantea que las personas que son expulsadas o renuncian a sus partidos, pierden sus cargos. Pero esto de las órdenes de partido, frente a una sociedad que se está alejando cada día más de la política, da una muy mala señal", sentenció.

Agregó que es fundamental conocer en detalle el contenido de la iniciativa, pero "en principio y de acuerdo a lo que se ha informado, no me parece que los parlamentarios estemos sujetos a órdenes de partidos, porque hay cosas valóricas de por medio y que incluso pueden estar fuera del programa que impulse el Ejecutivo".

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PRESIDENCIA DEL SENADO, CHILE

Valparaíso | 30/04/2008 | Presidencia |

Pero debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Por Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado

Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar

Con ocasión de la celebración internacional del Día del Trabajo y los últimos sucesos ocurridos en nuestro país, en el ámbito de las relaciones laborales, cabe preguntarse ¿que hemos hecho mal para tener los niveles de conflictividad actuales?

Lo primero es puntualizar que más allá de una deficiente legislación laboral, de la pérdida de vigencia de los sindicatos en los términos tradicionales a nivel global, de algunas prácticas patronales indebidas, no corresponde legitimar el uso de la violencia como una forma de corregir lo existente y menos si con tales procedimientos se provocan enfrentamientos entre los propios trabajadores.

Ese camino debe rechazarse de plano por todos los actores de la sociedad chilena y de manera especial por los partidos políticos y cada uno de sus dirigentes; no corresponden dobles discursos y menos tratar de instrumentalizar las legítimas demandas de los trabajadores públicos y privados para fines políticos subalternos.

Es una realidad innegable que los chilenos y chilenas demandan más empleos y mejores remuneraciones y en el caso de los adultos mayores jubilaciones dignas.

La autoridad debe antes que nada mantener e imponer el orden, pero también debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Tener en cuenta esa ecuación es la que permite a un país canalizar sus problemas y necesidades.

Muchas veces he dicho y lo reitero en esta ocasión que la gran falla estructural que presenta Chile, desde hace ya muchos años, es la mala distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. Cabe recordar que las iglesias y la Católica en particular han levantado su voz sobre este mismo punto, teniendo un rol muy determinante en dicha demanda Monseñor Goic.

Lo peligroso de no tomar conciencia de lo anterior es que se puede tirar por la borda los avances que se han logrado. Si dejamos que la lucha de clases vuelva a tener justificación, si permitimos que nuevamente sea el resentimiento y el odio el que condicione nuestras relaciones sociales, laborales, culturales y políticas, no habremos aprendido nada de la historia, de nuestra historia.

Lo delicado del conflicto actual es que el Estado a través de su más importante empresa está en medio de éste y sienta un precedente funesto al no saber dirimirlo.

Es un pésimo ejemplo y coloca en una muy mala posición a todo el sector empresarial, ya que no se distingue a los buenos de los malos empresarios. No se protege a la pequeña y mediana empresa cuya existencia y subsistencia tiene directa relación con las grandes empresas.

La mayor reflexión en esta fecha debiera estar centrada en cómo asegurando el orden y la certeza jurídica del trabajo y la propiedad, buscamos terminar con las causas profundas que han permitido este grave nivel de desencuentro. Todos tenemos responsabilidad, todos debiéramos colaborar a desactivar esta verdadera bomba social que hemos permitido se instale entre nosotros, unos por egoístas, otros por obtusos y otros por intereses políticos mezquinos. Apostemos por el diálogo entre nosotros.

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