Un grupo de médicos del Servicio Cántabro de Salud, entre los que me encuentro, que van a cumplir o ya han cumplido los 65 años, van a ser forzados a jubilarse a esta edad y no a los 70, como se había venido haciendo desde siempre en la Sistema Sanitario público español, y como se sigue haciendo para el resto de los empleados públicos. Esta decisión, que se aplica, con esta en cuatro de las diecisiete Autonomías, (aunque una de ellas, Cataluña, parece que ha dado marcha atrás en la medida), la toman en virtud de una Ley del Gobierno de la comunidad autónoma ya que desde hace unos pocos años tiene transferidas las competencias sanitarias y con la premisa de un Plan de Recursos Humanos, que fue más Acuerdo que Plan, que no especifica ni puntualiza cuales las necesidades reales en cada Servicio y con la paradoja de tener listas de espera sin solucionar, sin sustitutos suficientes y sin valorar la intensidad, calidad y experiencia del trabajo que realizan cada uno de los que esta Ley, pone en la calle. Si uno lee el preámbulo de la Ley, entiende que el motivo fundamental del adelantamiento de la jubilación, se basa principalmente en que alcanzada dicha edad y de manera generalizada todos somos ya piezas de desecho, sin capacidad y/o interés para desempeñar nuestra labor, sin tener en cuenta precisamente, que un número significativo de estos profesionales, están entre los más experimentados y dentro de los que más trabajan en el Hospital.
La medida supone de entrada un agravio comparativo para estos profesionales ya que, en tanto se pone la edad como única condición para dejar la profesión, tener los 65 años, no se explica entonces porque otros médicos que desarrollan también su trabajo asistencial hospitalario, pero que son funcionarios de la Facultad de Medicina, seguirán ejerciendo hasta los 70 basados en un acuerdo-marco previo que se hizo cuando las condiciones de jubilación eran iguales para todos; y cómo también seguirán haciéndolo otros profesionales y empleados públicos, incluso dándose la paradoja de que puedan existir médicos, afectados por esta medida que continuarán sin embargo desempeñando cargos políticos de gran relevancia, porque se entiende que siguen poseyendo cualidades físicas y capacidad mental para ello. Es una medida también discriminatoria al aplicarse de esta manera tan estricta, solamente en estas tres Comunidades Autónomas de las diecisiete que componen España, conculcando el tan aclamado artículo constitucional de que "todos los españoles somos iguales ante la Ley". No se comprende que sea una medida saludable, desprenderse de profesionales de capacidad y rendimiento demostrable, y con argumentos que nos llegan desde arriba, como que es una manera de prescindir de profesionales que no tienen capacidad o no trabajan suficientemente, porque este problema no es producto de la edad alcanzada, sino que puede encontrarse en cualquier edad y sin embargo no se tienen previstas o no se aplican medidas correctoras para ello. Y por ello hasta para los que con 65 años, las autoridades consideran que no rinden lo suficiente, también resulta un agravio comparativo, si esta fuese la causa principal, por lo dicho anteriormente, debería aplicarse con otras edades..
La medida resulta aún más sorprendente, si tenemos en cuenta que la mejoría de la calidad de vida, está alargando la supervivencia de nuestra población, una de las más altas de Europa, y que es una de las causas que plantea problemas para el futuro de las pensiones, como llevan anunciando los responsables económicos por el gran aumento de la población pensionista, tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno, lo que ha provocado ya algunas medidas, como por ejemplo en Alemania, que ha alargado la edad de jubilación voluntaria hasta los 67 años, o recomendaciones como la realizada por la Unión Europea a los estados miembros, en el sentido que la jubilación forzosa es discriminatoria, cuando se establece exclusivamente en razón de la edad, y que solamente debería hacerse cuando se demuestra la incapacidad laboral, psíquica o física del trabajador o profesional. Incluso en el Congreso de los Diputados de España se aprobó una ley en noviembre del 2007 por unanimidad y a propuesta del ex¬-ministro Caldera, que incentiva económicamente a los que quieran quedarse más allá de los 65 años, aunque deja a merced de las comunidades autónomas y sus dirigentes, decidir si son necesarios o no. Y sorprende aún más que países como Estados Unidos y otros que están en la vanguardia de la Medicina, los médicos y entre ellos los cirujanos, sigan trabajando si lo desean y demuestran su capacidad y eficacia, incluso más allá de los 70, como lo ha hecho el anterior Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular en Valdecilla, Dr. Gómez Durán, que se ha jubilado voluntariamente al cumplir los 75 años, en el International Heart Institute de Missoula (Montana) donde era el Jefe de Cirugía Cardiaca.
La medida que la administración autonómica pone en marcha, cuenta con el apoyo legítimo de los sindicatos donde los médicos tenemos una representación pequeña al ser grupo muy minoritario dentro del sistema sanitario, y desde luego sin contar con la opinión de los afectados. Y como colofón a la medida, es sorprendente la opinión de nuestro actual Consejero de Sanidad, médico de profesión, que afirmó en la entrevista publicada en El Diario Montañés (DM) de día 2 del pasado Mayo, que «el retiro a los 65 años oxigena el sistema», opinión que no sé si circunscribe exclusivamente a este grupo de médicos a los que se anticipa la jubilación o también la hace extensible a todos los que trabajan en la Administración y Entidades públicas, incluso a los políticos que están desempeñando cargos de gran relevancia y responsabilidad como nuestro actual Presidente del Gobierno de Cantabria, que ya ha alcanzado la edad.
Como señalaba recientemente una carta al director firmada por U.M.C., publicada recientemente en este diario, la medida implica también una notable falta de memoria, ya que muchos de nosotros vinimos para formar, parte del inicio y desarrollo de nuevos Servicios, como el nuestro de Cirugía Cardiovascular, que conformaron ese Centro Nacional Marqués de Valdecilla, repleto de profesionales llenos de ilusión, y trabajando muchos de ellos, más allá de lo exigido en el horario laboral sin percibir nada a cambio, y situando de nuevo a este Hospital entre los mejores del Estado. Aún persiste siendo un Hospital de referencia de primer orden al algunas especialidades, y si ha disminuido en su importancia, es más producto de la disminución de su influencia geográfica, nuevos Servicios especializados, en las comunidades autónomas, a las que antes atendía. Y ahora, cuándo todavía muchos de aquéllos profesionales seguíamos con ilusión y pleno esfuerzo profesional, se nos anticipa en cinco años la jubilación, en contra de nuestros deseos, y demostrando cada día que nuestra capacidad y experiencia siguen siendo válidas, y somos despedidos sin contemplaciones con una escueta frase en la carta de denegación de prórroga que dice: -"no existen necesidades asistenciales suficientemente probadas"- cuando en mi Servicio por ejemplo existe una lista de espera de más de ciento cincuenta enfermos, y frecuentemente tenemos complicado, tener el suficiente número de cirujanos, para poder realizar las doce sesiones quirúrgicas semanales además de cubrir las guardias, problema que se acentúa aún más en los próximos meses con vacaciones, no existiendo cirujanos especializados para sustituir en las mismas, y como sucede en otros casos, en mi caso concretamente soy uno de los cirujanos rentable en número de intervenciones y resultados. Es un final deprimente para toda una vida laboral, aderezado encima con el conocimiento de ser considerados elementos "nocivos" que como los de la sangre, deben ser expulsados de la circulación, para que esta pueda oxigenarse de nuevo. La experiencia, la capacidad y eficiencia parece que han dejado de ser un valores en alza, en nuestra sanidad pública, aunque seguramente no lo ven así ni lo desean los pacientes.
La Sanidad pública, que tiene su principal virtud en que posibilita que cualquier tratamiento médico o quirúrgico necesario alcance a todos los ciudadanos, incluso hasta los más desfavorecidos de la sociedad, tiene sin embargo, como en el resto de los sistemas públicos, el grave defecto que juzga a los que trabajan en ella con el mismo rasero, ya sean capaces o incapaces, eficaces o ineficaces, vagos o trabajadores, basándose en la norma: a igual puesto, igual remuneración, sin importar la dedicación y capacidad y eficiencia de cada uno de los profesionales, y con reconocimientos generalmente escasos, que incluso muchas veces, nada tienen que ver con la calidad, experiencia y resultados del trabajo realizado. Esta sí es problema crónico, que contamina el Sistema y que los políticos y gestores públicos deberían tratar de solucionar.
Aún confío que el sentido común y la lógica acampe entre nuestras autoridades sanitarias y que se habiliten otras fórmulas, que puedan corregir de alguna manera esta situación tan incomprensible como injusta, para muchos de nosotros que creemos, que aún podemos seguir desarrollando nuestro trabajo plenamente, tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Con esa esperanza haremos lo posible para que así sea. Aún confío que el sentido común y la lógica acampen entre las autoridades sanitarias cántabras y que se habiliten otras fórmulas que puedan corregir de alguna manera esta situación tan incomprensible como injusta
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