Pablo Rodríguez Grez
Nada puede afectar más el prestigio y credibilidad de los tribunales que la falta de imparcialidad. Un juez comprometido con una determinada posición o con prejuicios que enturbian su entendimiento sólo es capaz de representar una parodia de justicia. De aquí que nuestro Código Orgánico de Tribunales contemple diversas causales de "implicancia" y "recusación" destinadas a evitar que entre a conocer de un litigio aquel magistrado que aparece de alguna manera inclinado de antemano en favor de una de las partes.
La cuestión que se plantea cobra especial significado cuando se trata de procesos de carácter político o con aristas de este tipo. Todos tenemos afinidades, simpatías o inclinaciones de esta naturaleza, que se traducen, correlativamente, en distanciamientos, antipatías o rechazos. Sustraerse del mundo en que se vive o aislarse en una atmósfera aséptica es simplemente imposible. También todos vivimos inmersos en la sociedad y somos, por lo mismo, sensibles a los problemas que nos rodean; entre ellos, los de índole política son los que más abundan. ¿Cómo entonces exigir a los jueces imparcialidad e independencia? La cuestión puede plantearse, a nuestro juicio, desde una doble perspectiva. Por una parte, la fidelidad de los jueces debe centrarse en la aplicación leal de la ley, pues es ella la llamada a justificar la validez de las sentencias judiciales. Un juez que esquiva la aplicación de la ley, arguyendo cualquier pretexto para autoasignarse una facultad de la cual carece, no hace más que desnudar su falta de imparcialidad, dejando al descubierto los compromisos y afecciones que lo inspiran. Por otra parte, quien está llamado a desempeñar la noble función de administrar justicia, como un sacerdote laico, debe esforzarse por superar los prejuicios y desarraigar del espíritu cuanto perturbe la paz de su conciencia.
Nunca la tarea judicial ha sido más difícil que en estos tiempos. Nunca, tampoco, se ha exigido mayor rigor moral a nuestros jueces. Para nadie es un misterio que el período de excepción que vivimos entre 1970 y 1990 fue traumático y que la gradual recomposición de nuestra convivencia pacífica, obra magna del gobierno militar, provoca en cada chileno un juicio de valor respecto de los regímenes que gobernaron al país. Por lo mismo, es explicable que en este contexto histórico subsistan heridas muy profundas y que deban pasar muchos años antes de que ellas cicatricen. Desentenderse de esta realidad o menospreciarla resulta simplemente utópico y absurdo.
A lo señalado debe agregarse, aun, un factor que contribuye poderosamente a ahondar esta crítica situación. Tanto en Chile como en el extranjero, por diversas consideraciones, de mayor o menor entidad, se estimulan las odiosidades, se magnifican hechos históricos circunstanciales y se insta a los jueces a proceder de una manera determinada. Movimientos, fundaciones, declaraciones, movilizaciones cívicas y manifestaciones de la más diversa especie atizan nuestros desencuentros con la declarada intención de influir directamente en los tribunales de justicia. Como es explicable, no todos los jueces tienen la fortaleza de resistir estas presiones y se alinean en posiciones de trinchera. Lo anterior implica un atentado contra la independencia e imparcialidad de los jueces, porque se trata de hacerlos sucumbir ante las influencias y las consignas.
Frente a este panorama es bien poco lo que se puede hacer. Un formidable aparato publicitario, que despliega su influjo tanto interna como externamente, cubre de elogios a los jueces que se dejan seducir por los llamados a sobrepasar la ley, exaltando su tarea y elevándolos a la condición de preclaros magistrados capaces de hacer justicia.
Ante esta realidad ¿cuál es la seguridad que se brinda a los imperados? La titánica tarea de superar este ambiente, contaminado de factores espurios, recae en nuestra Corte Suprema en lo institucional y en la conciencia de los jueces en lo personal. La primera, no abdicando del principio de imparcialidad que inspira a la judicatura. Los segundos, teniendo la grandeza moral de marginarse de juzgar aquellos casos en que se tiene una idea preconcebida.
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2007/11/26/imparcialidad-de-los-jueces.asp
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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