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jueves, febrero 21, 2008

Escándalo en Educación asciende a $ 262 mil millones no aclarados entre 2004 y 2006

Escándalo en Educación asciende a $ 262 mil millones no aclarados entre 2004 y 2006

Ente fiscalizador pidió destituir al ex seremi Alejandro Traverso por negligencia, en un sumario que estaba en poder del gobierno desde el 5 de febrero pasado.

Paula Canales y M. Teresa Ovalle


Un monto superior a $ 262 mil millones en fondos cuyo destino no estaba aclarado o donde se registraban errores y atrasos, constató la Contraloría General de la República en la gestión de la Seremi de Educación de Santiago entre 2004 y 2006. Esa situación llevó al ente fiscalizador a recomendar al gobierno, hace sólo tres semanas, la destitución del titular de esa entidad, Alejandro Traverso, a quien acusó de actuar en forma negligente en la vigilancia de esos fondos.

El monto citado equivale a casi dos años de ejercicio financiero del plan Transantiago. En total, en ese período los fondos destinados a la entidad llegaron a US$ 3.000 millones.

Según señala el texto de la resolución del organismo -a la que tuvo acceso La Tercera-, el funcionario fue "negligente en la administración y resguardo de los fondos públicos a su cargo, no veló por la aplicación de las normas sobre actualización de la información financiera y contable y sobre las conciliaciones bancarias", por lo que recomendó su destitución.

El documento fue evacuado por la Contraloría el 28 de enero y llegó a manos del gobierno el martes 5 de este mes. Nueve días después se desató el escándalo por la revisión al sistema de subvenciones, una auditoría cuyos resultados serán presentados como una denuncia ante el Ministerio Público hoy o mañana. Cuando el viernes pasado la ministra Yasna Provoste salió a enfrentar el escándalo, no mencionó el sumario que afectaba a Traverso.

LAS ACUSACIONES

En el documento se analiza la gestión de Traverso a cargo de la Seremi y de otros tres funcionarios: el jefe del departamento de Financiamiento y Subvenciones de la época, Elmo Moreno (renunciado); el jefe de Contabilidad y Tesorería, Mauricio Ahumada, y de Franka Grez. Los dos primeros reciben multas en dinero, mientras que se recomienda marginar del cargo a Grez.

La Contraloría señala, además, que constató que las conciliaciones  (revisiones de movimientos bancarios) de las cuentas de la Seremi no se encontraban al día y que las existentes "no cumplían con las normas básicas de la materia". "Eran sólo cuadraturas de valores, lo que se venía realizando desde 1997, demostrando una actuación negligente", en el resguardo de los fondos públicos.

De esto responsabiliza directamente a Traverso. El documento señala que él "es el funcionario que tiene la tuición superior y vigilancia" del organismo. Sin embargo, "no ejerció el control jerárquico sobre el personal de su dependencia".

Como defensa, Traverso señaló que su actuación no tuvo intención de generar problemas a la Seremi, apela a la "buena fe" y al principio de inocencia. Pero la Contraloría le aclara que también tiene facultades para sancionar actos que "causan daño sin la intención de producirlo" y le señala que, como servidor público, "tiene la obligación de respetar el principio de probidad administrativa" y el cumplimiento "del principio de legalidad y cautela del patrimonio público".

Al menos siete casos en fiscalías

A nivel nacional hay al menos siete regiones donde se están indagando irregularidades en las subvenciones a nivel de Ministerio Público. Todas son básicamente por problemas en las asistencias.

En Santiago, hasta ahora los dos únicos hechos que investiga la Fiscalía Centro Norte son los que corresponden al pago de cheques clonados en el programa "Chile califica" -$ por 23 millones- y la cancelación de subvenciones a dos personas que no tenían la calidad de sostenedoras, fraude que supera los $ 204 millones.

Por esta última irregularidad el 17 de marzo serán formalizadas tres personas.

El ministro (S) de Educación, Cristián Martínez, señaló que la cartera iniciará una auditoría en todas las seremis del país antes de fin de mes y que se reforzará en marzo.

"La idea es que antes de tres meses se obtengan los resultados. Después iniciaremos los procedimientos que correspondan y si hay hechos constitutivos de delito, los enviaremos a la justicia", añadió.

Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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