El decreto definitivo que posibilitó la compra de 25 aviones Mirage para la Fuerza Aérea de Chile se firmó el 1 de marzo de 1994 y se tramitó el 10 de ese mismo mes, un día antes de que expirara el mandato del entonces Presidente Patricio Aylwin.
Así lo señaló, con documentos en mano, su sucesor y actual senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y más tarde el ex comandante en jefe de la Armada y actual senador Jorge Arancibia, durante la sesión especial convocada por el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar para analizar el caso de la compra de dichas aeronaves.
La sesión se desarrolló en un ambiente tenso, en el que se registraron fuertes intercambios de palabras entre quienes señalaban que la convocatoria estaba al "límite de la legalidad" y obedecía sólo a fines políticos, y aquellos que defendieron la necesidad de que el Senado se pronunciara respecto de un tema polémico y que ha conmocionado a la opinión pública, luego que el juez Omar Astudillo estableciera que en la compra de los aviones US$15 millones de los US$109 millones que costó la transferencia se destinaron a comisiones ilícitas.
La cita terminó con la presentación de tres proyectos de acuerdo que podrán ser votados en marzo. El primero de ellos, fue presentado por los senadores Romero, Matthei, Zaldívar, Arancibia, Chadwick, Espina, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Orpis y Pérez quienes apoyaron la iniciativa de la Comisión de Defensa, de introducir en el proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa un rol más activo del Poder Legislativo en materia de compras de armamentos.
El segundo proyecto fue presentado por los senadores Gazmuri, Girardi, Ominami, Escalona, Letelier, Núñez, Pizarro, Ruiz-Esquide, Alvear, Vásquez, Gómez, Sabag y Navarro donde piden el envío de un proyecto que derogue la denominada Ley Reservada del Cobre.
El Presidente del Senado presentó el tercer proyecto de acuerdo donde solicita a la Presidenta de la República que permita abordar la actual normativa mediante la cual nuestras Fuerzas Armadas adquieren sus unidades y pertrechos.
Hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Navarro, Hernán Larraín, Eduardo Frei, Camilo Escalona, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Alberto Espina, Sergio Romero, Jorge Arancibia, Adolfo Zaldívar, Guillermo Vásquez y Jorge Pizarro, además de los ministros de Defensa, José Goñi, y de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
Antes del debate, el titular del Senado explicó los motivos que lo llevaron a convocar esta sesión, argumentando que ante la conmoción que ha generado este caso, el Senado no puede limitarse a observar. "Nadie entendería que no tuviéramos una opinión política sobre esto", señaló, tras aclarar que ello no atenta contra la investigación que realiza la justicia y tampoco se inmiscuye en las facultades fiscalizadoras de la Cámara.
FALLAS DE LA INSTITUCIONALIDAD
El primero en intervenir en el debate fue el senador Navarro quien señaló que el Senado no puede eludir el debate sobre un caso en el que se han visto involucrados altos oficiales y que ha derivado en que ministros y ex ministros hayan tenido que declarar. En su opinión, en materia de adquisición de armamento "ha habido un área oscura y rara" que debe analizarse, pues el Estado chileno "ha fallado en su institucionalidad" ya que no ha logrado dar cuenta de cómo se realiza la compra de armas. Asimismo, recordó que presentó una iniciativa legal para que el Congreso participe en ese proceso, e instó a agilizar el proyecto que moderniza el sector de Defensa.
Luego el senador Larraín valoró la decisión de convocar a la sesión especial asegurando que frente a lo complejo de este tema el Senado debe levantar su voz. Asimismo, señaló que son los tribunales los que tienen que establecer las responsabilidades de, entre otros, los gobiernos de la época, pues no existe claridad respecto de en qué gobierno se hizo la compra. "Tengo la mayor convicción de la honestidad de Eduardo Frei, de manera que no estamos cuestionando honorabilidades de personas pero tenemos derecho a levantar la voz para que el país sepa qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha pasado y por qué se han producido estos hechos", sentenció tras señalar que llegó la hora de definir un nuevo sistema de compra de armamentos.
DECRETO DEFINITIVO
A su turno, el senador Frei señaló que el Ministro de Defensa de su época entregó respuesta a todas las consultas que le hizo el juez que lleva el caso y que está dispuesto a seguir colaborando porque "no tengo nada que ocultar y tengo mi conciencia y mis manos muy limpias". Junto con explicar que todos los informes técnicos de la FACH eran favorables a la compra de los aviones, dio a conocer dos documentos relativos al tema: una carta de intenciones o promesa de compraventa firmada el 28 de febrero de 1994 y el decreto definitivo suscrito el 1 de marzo de ese año, que se tramitó el 10 de ese mes. "Aquí están los antecedentes, este negocio se cerró el día 1 de marzo y ahí están todos los decretos tramitados con fecha 10. Yo asumí el 11 de marzo de 1994", dijo tras señalar que si se quiere entrar a una discusión política de fondo hay que ver el financiamiento de las Fuerzas Armadas y derogar el 10% de la ley reservada del cobre.
Luego el senador Escalona criticó en duros términos la decisión del Presidente del Senado de convocar a esta sesión señalando que hay una "clara y flagrante violación de la Constitución" pues existe un proceso en marcha. Asimismo, dijo que tras la sesión había una intencionalidad, señalando que "la única intención política que se prepara es buscar involucrar a quien es una figura de la Concertación y ni más ni menos que el abanderado de tres partidos de la Concertación para la Presidencia de la República. Aquí hay una canallada. Buscar resolver y enturbiar la discusión electoral".
En tanto, el senador Núñez pidió al senador Zaldívar que le explicara por qué no acogió la solicitud que hizo hace un tiempo atrás junto a un grupo de parlamentarios para analizar seriamente la compra de armamento en Chile. "Esa fue la intención, seria responsable, no politiquera que tuvimos un grupo de senadores que le solicitamos a usted para que convocara seriamente a analizar cómo se adquieren las armas en nuestro país", dijo tras manifestar que si se hubiera abordado ese tema y no sólo el caso Mirage, se habría actuado "con altura de miras".
SITUACIÓN DOLOROSA
Por su parte el senador Ominami lamentó lo sucedido, sobre todo por la Fuerza Aérea de Chile, pero discrepó de la forma en que se hizo la convocatoria, ya que al no precisarse la fecha exacta en que se sucedieron los hechos, tiene "una intencionalidad política". Agregó que "es evidente que la operación que condujo a la compra de los aviones Mirage se desarrolló con bastante anticipación, esto se viene preparando en la Fuerza Aérea, por lo menos desde 1992. Es injusto centrar la atención en 1994, porque eso alimenta las acusaciones de que se busca hacerle un juicio político a un ex Presidente de la República".
En tanto, el senador Gazmuri criticó la convocatoria hecha por el senador Zaldívar señalando que "ha hecho uso arbitrario de sus atribuciones y ha faltado a la prudencia", lo que lo hizo pensar en presentar una censura en su contra, de lo cual desistió pues debe dejar la Mesa en marzo. Asimismo, propuso que se pida al Ejecutivo el envío de una nueva ley que norme las adquisiciones bélicas, que contemple la participación del Parlamento.
Por su parte, el senador Espina defendió la constitucionalidad de la sesión especial y lamentó que se intente "desviar el foco" del tema principal que es "que se han robado al Estado de Chile 15 millones de dólares", sin que nadie diga nada y que durante 10 años no se haya investigado. En su opinión ha existido una "negligencia inexcusable de dos gobiernos de la Concertación", pues en la administración de Patricio Aylwin debieron haberse establecido mecanismos para verificar el destino del dinero, y en el mandato de Eduardo Frei no se hizo un seguimiento, por lo que se ha establecido "el principio de Poncio Pilatos, de lavarse las manos".
CAMBIOS LEGALES
A su turno, el senador Romero se refirió a la necesidad de modificar las normas sobre adquisición de armas y que el Congreso asuma un rol rector, no vinculante, en esa materia. Junto con presentar un proyecto de acuerdo en esa línea, el legislador manifestó que "tenemos la obligación moral y ética de poder decirle a la opinión pública que este sistema caduco, de que la adquisición de armas sea simplemente algo oscuro, algo silencioso, termine y para ello es que la Alianza y nosotros hemos presentado indicaciones al proyecto que moderniza las Fuerzas Armadas, para permitir que en adelante sea el poder legislativo el que conozca del proceso de adquisición de armas. No podemos seguir aceptando que hayan zonas oscuras o grises, donde debiera existir claridad".
Por su parte el senador Arancibia valoró la investigación que está realizando el magistrado Astudillo, al tiempo que manifestó que confía en que pueda esclarecer quienes se apropiaron de los US$15 millones. Agregó que en su calidad de comandante en jefe de la Armada tuvo que participar en procesos de compra de equipamiento, las que en sus distintas etapas se conversar con el poder político. En tal sentido, señaló que "el proceso de adquisición de armas queda listo para ejecutarse con la firma del decreto supremo correspondiente y en el caso de los Mirage, eso ocurrió el 10 de marzo".
RESPONSABILIDADES
En tanto, el senador Zaldívar reiteró que la convocatoria se hizo tomando en cuenta la conmoción que ha generado este tema y precisó que si hubiera conocido de la petición que hicieron senadores para realizar una sesión sobre las adquisiciones de armas, la habría convocado. Reiteró que el objetivo que persigue es que "en nuestro país se hagan bien las cosas, se cuiden los fondos de los chilenos y que todos, sin excepción, nos enmarquemos dentro de la Constitución y de la Ley". Agregó que además de la investigación judicial es necesario que se sepa cómo se hizo esto, cuando partió y cuando terminó porque hay responsabilidades "políticas, administrativas y judiciales", respecto del robo de US$15 millones durante el primer gobierno tras el retorno de la democracia.
Por su parte, el senador Vásquez cuestionó constitucionalidad de la sesión, señalando que esta materia está en manos de tribunales, por lo que se estaría pasando sobre la Constitución que establece que no se pueden abocar a casos abiertos. "He venido a esta sesión para señalar la inconstitucionalidad de la citación y el reglamento no tiene ninguna facultad para dejar sin efecto las normas constitucionales", dijo tras acusar a la oposición de actuar con "doble estándar".
Finalmente, el senador Pizarro dijo no entender el sentido de la sesión, pues el tema de fondo es dilucidar donde fueron a parar las comisiones indebidas, lo que está siendo investigado por el Poder Judicial. Agregó que "endilgarle al gobierno del Presidente Frei este tema, está fuera de lógica y más aún hacerlo con el del Presidente Aylwin, porque todos sabían que las relaciones entre el mundo militar y civil eran muy distintas a las que se hacen ahora. No había posibilidad real y concreta de fiscalizar el proceso".
En tanto, el Ministro Goñi se refirió en detalle a la forma en que se han desarrollado los procesos de adquisición de armas en los últimos años; mientras que el Ministro Viera Gallo señaló que no se puede imputar negligencia, pues se está frente a una estafa al Fisco muy bien urdida.
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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