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PILAR MOLINA A. Y GRACIA DALGALARRANDO
Interpretaciones completamente disímiles provocó el documento de urgencia que Contraloría publicó ayer firmado por la contralora subrogante Sonia Doren porque el titular, Ramiro Mendoza, se encuentra en un seminario en Perú. La resolución, referida al "proceso de conciliaciones bancarias", responde al emplazamiento que el lunes hizo la Presidenta Bachelet al organismo cuando se lamentó que "la Contraloría hasta el día de hoy aún no nos entrega ninguna respuesta, por lo cual nos ha inhibido de tomar las medidas administrativas".
La ministra de Educación, Yasna Provoste, consideró que ese documento cerraba el tema, donde "se ha hablado de escándalo, fraude, desvío de fondos (...) y confundido a la opinión pública".
"Observaciones superadas"
La polémica se inició cuando trascendió el informe de Contraloría sobre las conciliaciones bancarias de la cuenta de subvenciones de la Seremi Metropolitana, que consignó 262 mil millones de pesos no aclarados, "por atrasos y errores", dentro de los mil 402 billones de pesos que recibió esa entidad los años 2004, 2005 y 2006.
Esa auditoría es la que generó el posterior sumario administrativo a cuatro funcionarios de la repartición y la propuesta del Contralor Ramiro Mendoza de destituir al seremi Alejandro Traverso.
La ministra señaló ayer, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que el documento del ente fiscalizador "viene a disipar las dudas" sobre supuestas irregularidades y leyó exultante el párrafo que consideró absolutorio y que dejaría atrás toda la polémica generada con los 262 mil millones de pesos consignados por Contraloría como "monto no aclarado":
"Este organismo de control cumple con manifestar que las medidas administrativas antes mencionadas, particularmente aquellas adoptadas para corregir los errores administrativos observados y la determinación de la responsabilidad funcionaria del personal involucrado, se enmarcan cabalmente dentro de las exigencias planteadas en su informe final reservado Nº 63 de 2007, lo que permite dar por superadas las observaciones planteadas a ese respecto".
Diputados de la Alianza, sin embargo, le dijeron que estaba sacando conclusiones erróneas, y la parlamentaria UDI Marcela Cubillos le leyó otro párrafo, que es el que establece que el tema de las conciliaciones bancarias que la Contraloría le exige hacer al Ministerio para los años 2004, 2005 y 2006 sigue pendiente, que el organismo no las considera aclaradas y que no se pronunciará siquiera sobre la de 2006 -que el ministerio le entregó en septiembre del año pasado- mientras no cumpla con la obligación de entregarle la de los tres años auditados donde encontró desórdenes administrativos en materia de subvenciones:
"...considerando que el referido documento (donde la Subsecretaría de Educación responde en septiembre pasado a Contraloría el informe Nº 63 que critica desorden) comprende la eventual regularización del movimiento bancario del año 2006, que las observaciones formuladas en el informe Nº 63, ya mencionado, es un todo integral que comprende diversos años y que la conciliación de un año afecta, por cierto, al siguiente, este organismo se pronunciará definitivamente en torno a esta materia una vez que el trabajo de esa cartera de Estado concluya con la normalización total del movimiento bancario de las referidas cuentas corrientes".
Verdadera interpretación
En verdad, el párrafo que leyó la ministra, como descartando irregularidades en las cuentas ministeriales, se refiere a otra cosa. No levanta las observaciones respecto a las conciliaciones de los 3 años auditados, sino que a los procedimientos contables y sumarios administrativos que pidió hacer a la cartera y que ésta ha cumplido y rectificado, para que no se repitan los errores contables a futuro.
Es más, la resolución contralora ni siquiera da por buena las cuentas de 2006 que Provoste dice haber rendido con éxito en septiembre pasado ("todo está aclarado", ha dicho, incluyendo los 3 años), sino que en la declaración solamente se compromete a pronunciarse esta semana sobre si la metodología de conciliación, propuesta por Educación, le permitiría o no al fiscalizador revisar el material de 2006 que la cartera puso a disposición del organismo para examinar si calzan las cuentas de ingresos y gastos.
Ofreciendo validar, si corresponde, la metodología de conciliación, la Contraloría busca responder a los constantes requerimientos del Gobierno que la urgen a dar una señal de si acepta o no las cuentas de 2006, rendida en septiembre pasado.
El ministerio quiere esta señal porque mientras tanto está buscando los respaldos bancarios para 2004 y el resto de 2005, lo cual espera entregar en los próximos meses.
Fondo: ¿suma o partidas?
Ayer la ministra hizo ver también que los 262 mil millones detectados por Contraloría como fondos no respaldados no corresponden a la realidad. Ese monto, según su versión, suma pasivos y activos al mismo tiempo, no se trata de una cifra real, versión que contradice la auditoría de la Contraloría que consigna ese monto como "no aclarado", no como una suma.
Provoste defendió ante los diputados que el entredicho con el organismo fiscalizador no se ha producido por diferencias de platas, sino que por sistemas contables, "situación que durante mi gestión ha sido superada", porque ha ajustado la contabilidad a las normas establecidas por el ente fiscalizador.
Respecto a la interpretación de la ministra, la diputada Cubillos replicó que no sólo tiene una forma diferente de llevar la contabilidad, sino que "hoy ella ha demostrado que tenía también una forma propia de leer los documentos". Añadió que "si nosotros no hubiésemos tenido la posibilidad de conseguir durante la sesión el informe de Contraloría de inmediato, hubiera sido un engaño".
Invitación al contralor
La comisión de Educación acordó ayer invitar para la próxima semana al contralor Ramiro Mendoza a una sesión especial en la Cámara de Diputados.
La idea es que la autoridad explique en profundidad las indagaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas, en especial por las aparentes diferencias de opinión que existen con respecto de las conclusiones, contenida en la indagación e incluso, sobre la propuesta de sanciones. El estilo del procedimiento acordado por los parlamentarios sería similar al usado ayer con la ministra de Educación. La invitación sería extendida en las próximas horas y, por declaraciones previas, todo indica que Mendoza aceptará.
UDI-RN reprocha emplazamiento de la Presidenta Bachelet
Dirigentes y parlamentarios de la Alianza cuestionaron el emplazamiento que hizo la Presidenta Bachelet a la Contraloría cuando dijo que ésta "lamentablemente aún no nos entrega ninguna respuesta (sobre las conciliaciones entregadas por el Mineduc), lo que nos ha inhibido de tomar las medidas administrativas".
Veinticuatro horas después, el organismo remitió su informe al Ministerio de Educación.
Pero, para los dirigentes opositores, las palabras de Bachelet constituyen una forma de presión sobre un organismo autónomo.
El presidente de RN, Carlos Larraín, consideró "extraño y contradictorio" el emplazamiento de la Mandataria, enfatizando que el problema del Ministerio de Educación se debe precisamente a la ausencia de controles.
"La Contraloría ejerce este control y el Gobierno se manifiesta disconforme. La Presidenta debe dejar actuar a la Contraloría, que le tomó pocos meses detectar lo que al Gobierno necesitó varios años", sostuvo.
Por su parte, el senador Hernán Larraín, presidente de la UDI, dijo que no le parece conveniente que el Ejecutivo presione a los organismos autónomos. "Que la Presidenta dé instrucciones al contralor me parece delicado y altera el funcionamiento institucional, además no parece de buen gusto", indicó.
El senador RN Alberto Espina opinó que en lugar de apurar a la Contraloría, la Presidenta debería cumplir su compromiso de modernizar dicha repartición, aumentando su planta, agilizando sus procedimientos y otorgándole más recursos.
En cambio, para el DC Jorge Pizarro el emplazamiento se justifica porque la demora en los informes (que ya se encuentra en poder de la ministra) facilita el aprovechamiento político opositor de este tema.
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