Por Darío Zambra B.
Eran casi las seis de la mañana del lunes cuando uno de los funcionarios de Licancel detectó el accidente que terminó por colapsar la paciencia de Anacleto Angelini. Apenas el operario de la más pequeña de las cinco plantas de Celulosa Arauco y Constitución (Celco) se dio cuenta de que una cañería rota había permitido que 50 mil litros de residuos industriales contaminaran nuevamente las aguas del río Mataquito, se encendió la alarma que detonaría lo que la empresa quería precisamente evitar: que el conflicto ambiental escalara políticamente.
Tres horas más tarde, sin embargo, las cartas estaban echadas. A las nueve de la mañana, el ministro del Interior, Belisario Velasco, y su par de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, se contactaron para fijar un encuentro al mediodía y más tarde un punto de prensa. Si hasta ese momento la estrategia del Gobierno había sido delegar el manejo del conflicto en Uriarte, esta vez se decidió dar a la opinión pública una señal potente de condena e indignación ante el segundo derrame, en la misma planta, en menos de dos semanas.
Poco después de que Velasco calificara el incidente como de "extrema gravedad", la Presidenta Michelle Bachelet desde Aysén hizo un llamado a los empresarios "a que trabajemos con responsabilidad con las personas y el medio ambiente".
Casi a la misma hora, pero en el piso 14 del edificio corporativo del holding Arauco, en El Golf 150, la plana mayor del grupo, con Roberto Angelini a la cabeza, se reunía de emergencia para analizar la nueva situación e impedir que la imagen de la compañía se siguiera deteriorando ante la opinión pública.
En el encuentro, los ejecutivos decidieron reforzar la estrategia que ya tenían: transparentar el accidente y actuar con celeridad. Por eso de inmediato explicaron
–a través de un comunicado firmado por el gerente general, Matías Domeyko– todo lo que había ocurrido en la planta esa madrugada, a la vez que anunciaron su cierre indefinido.
Sin embargo, la estrategia falló en un punto clave. La crisis pasó del Ministerio del Medio Ambiente directamente a La Moneda, justamente el efecto que Arauco quería evitar. De hecho, hasta el lunes, el único contacto de la compañía con el Gobierno habían sido los encuentros entre el gerente del área celulosa, Jorge Garnham –el ejecutivo que la empresa designó como interventor de la planta– y las autoridades medioambientales y sanitarias de la región. El mismo día, el intendente del Maule, Alexis Sepúlveda, se contactó con el gerente de asuntos corporativos de Celco, Charles Kimber, para concretar un encuentro ese mismo día con representantes de la empresa.
Recién el mediodía del martes, cuando los ejecutivos de Celco fueron citados a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Ana Lya intercambió palabras con Kimber y Domeyko. Dicho encuentro, sin embargo, no pasó más allá de un saludo protocolar.
"Ese ha sido el encuentro más cercano entre el Gobierno y los altos ejecutivos de la empresa. Ni siquiera ha habido contactos telefónicos, porque la relación con ellos ha sido sólo a través de las autoridades locales", señalan fuentes del Ejecutivo.
Sin embargo, y pese a que no se repitió la escena de Anacleto Angelini entrando a La Moneda –como ocurrió en 2005, cuando el empresario se reunió con Ricardo Lagos a raíz de la crisis de los cisnes–, el grupo no pudo evitar la politización del conflicto. Por el contrario, este nuevo error en la planta Licancel puso a la empresa directamente en la mira de los políticos, incluyendo la citación al Senado y la demanda que anunció el Consejo de Defensa del Estado en contra tanto de Celco como de ENAP, en este último caso debido al derrame de petróleo en la bahía de San Vicente.
Molestia de los empresarios
Fue tanta la indignación que provocó este nuevo error en la gestión ambiental de la planta –que estaba fuera de funcionamiento al momento de la rotura–, que las críticas a Celco llegaron también desde el propio empresariado.
La tarde del martes, en la reunión semanal del comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio, el conflicto ambiental del holding de Angelini fue una de las discusiones centrales del encuentro. La visión más crítica fue la del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis
Schmidt, quien aseguró ante los dirigentes gremiales que lo ocurrido en Celco afectaría la imagen del empresariado chileno ante el extranjero, tal como ocurrió con la crisis de los cisnes en 2005.
"Este tipo de hechos terminan por minar la imagen del país y eso no es bueno. Por eso hay que exigirle a la empresa que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y para eso debe redoblar los esfuerzos y tener una preocupación mayor. No es bueno que para generar progreso, una empresa se tenga que sentar sobre el medio W Wambiente y la comunidad", señaló el dirigente agrícola.
A la salida del comité fue el presidente de la patronal, Alfredo Ovalle, quien criticó públicamente la actuación de la forestal, y dijo que ésta "no le hace bien" al sector. "No cabe la menor duda. Esta es una situación lamentable. Celco, tan pronto sucedió esto en Licancel, decidió despedir drásticamente a aquellos que estimara más responsables. El que haya habido otra desgracia me parece absolutamente mal", acusó.
Al día siguiente, el conflicto también fue analizado en la reunión de directorio de la Corporación de la Madera. Según un testigo del encuentro, Matías Domeyko se vio obligado a explicar detalladamente lo sucedido la madrugada del lunes en Mataquito, y calificó este desastre como "una accidente de trascendencia menor".
Durante la cita en Agustinas 1357 –a la que no asistió el representante de la CMPC (Papelera), Arturo Mackenna, quien se encontraba en el extranjero–, los asociados hicieron ver su preocupación acerca de cómo la mediatización del conflicto afectaría la imagen del sector forestal. "Concordamos en que hay que dejar claro que este es un hecho acotado en la industria y que, por lo tanto, no tiene que generalizarse. Pero es una pena que esto haya pasado, porque daña nuestra imagen", asegura un asistente.
El lobby europeo
Los empresarios forestales tienen claro que los sucesivos errores en la gestión ambiental de Arauco hacen un flaco favor al sector, que exporta más del 70% de su producción al hemisferio norte y especialmente a mercados como el europeo y el japonés, los que exigen que los productos que importan sean fabricados con los más altos estándares ambientales.
Bien lo sabe Kimber, quien el mismo día que en que se conoció el primer desastre en Mataquito estaba en Bruselas, reunido con representantes del Grupo Verde en el Parlamento Europeo para informarles de los avances en la gestión de la planta de Valdivia. Durante ese mismo viaje, el ejecutivo también sostuvo encuentros con inversionistas y diversas ONG ecologistas en varios países de Europa.
"Sabemos que los temas medioambientales son de alta sensibilidad pública y que esta es una empresa importante a nivel internacional, líder en el sector forestal, por eso tenemos claro que hay que dar la cara. Ahora nosotros no hemos minimizado nada, hemos actuado con seriedad, responsabilidad y transparencia, porque eso es lo que corresponde a una empresa de categoría mundial", asegura Kimber.
"Las malas noticias y la mala imagen van de la mano. Recuperar la imagen tiene un alto costo y afecta a todo el sector, no sólo a Arauco", advierte Bernardo Reyes, director para Chile de Forest Ethics, una ONG internacional que patrocinó un programa de sustentabilidad en el que participaron Arauco y CMPC.
Por esta razón, el ambientalista considera evidente la preocupación con que han monitoreado la crisis de Celco tanto la Papelera como Masisa, las otras dos grandes forestales que operan en Chile, propiedad de los Matte y el grupo suizo Nueva, respectivamente. "Así lo han señalado ya varios personeros del sector, quienes no entienden estos derrames sucesivos en una industria con tan alta rentabilidad", señala Reyes.
"Es lógico que exista preocupación, porque es súper importante que en lo que se exporta primen los sellos de conformidad ambiental", coincide el ex ministro Martín Costábal, miembro del directorio de la CMPC.
Bajo la lupa internacional
Cuando Lagos recibió en su despacho a Anacleto Angelini, en enero de 2005, le expresó su preocupación por la forma en que el desastre en el río Cruces podía dificultar el ingreso de Chile a la OCDE –el organismo que reúne a los países desarrollados– y también la firma de los diversos acuerdos comerciales que entonces se estaban negociando.
De hecho, en mayo pasado se inició el proceso formal para que el país pase a ser parte integrante de la OCDE, que está promoviendo su proceso de ampliación. Uno de los primeros pasos para la membresía se realizó en 2005, cuando este organismo realizó un profundo análisis de la situación medioambiental chilena. En ese documento ya se manifestaba la preocupación del exclusivo club de países, a causa de lo que calificó como un deficiente manejo en las plantaciones que se utilizan en la fabricación de celulosa en nuestro país.
"Para Chile, también podría ser difícil el tema del tratamiento de los residuos y productos químicos, sobre todo industriales", explica Gérard Bonnis, gerente de la División de Medio Ambiente de la OCDE. "En los países desarrollados existe mucho control sobre el tema medioambiental y las exigencias son muy altas. Promovemos la idea de que una industria que contamina mucho tiene que pagar mucho, y si el evento es tan fuerte como para matar cisnes o peces, se obliga a cambiar totalmente el proceso de producción. Por eso vamos a mirar el manejo de Chile y todo lo que allí esté pasando", afirma el personero. LND
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