La subvención adicional especial (SAE) se creó en 1995 para financiar una bonificación proporcional a los profesores y asegurar una remuneración mínima. A partir de diciembre de 2007 se debían pagar los excedentes que esta subvención estaba creando (una vez satisfechos los compromisos originales), como una bonificación adicional a los docentes. Eso no se pagó en el sistema municipal, por errores de interpretación. Por tanto, la demanda de los docentes es legítima. Sin embargo, caben varias consideraciones.
Desde luego, es inaudito que el Ministerio de Educación no haya detectado tempranamente este problema: cabe presumir que es de su responsabilidad asegurar el fiel cumplimiento de las normas legales vigentes. Se evidencia aquí una vez más -como antes ocurrió con la falta de respaldo de los desembolsos por subvenciones- que la gestión de ese ministerio no está a la altura de un Estado moderno. La actual ministra ha hecho un valioso esfuerzo por lograr estándares más adecuados, pero aún falta mucho.
Además, sorprende también que los municipios no quieran asumir su responsabilidad en esta situación, pues los dineros fueron recibidos por ellos en su momento. Es efectivo que las negociaciones con los docentes las lleva adelante el gobierno central, impidiendo que los municipios puedan controlar los costos de la educación bajo su responsabilidad, pero no se puede desconocer que hacen poco para tratar de ajustar esos costos a los ingresos que reciben por subvención. Tienen a su alcance instrumentos para lograr una gestión financiera más equilibrada, pero políticamente es más atractivo presionar al gobierno central. Éste ha incentivado esa presión, al actuar demasiado a menudo de forma errática. Eso se repitió en este caso, al negar inicialmente recursos adicionales a los acordados en las negociaciones de la semana pasada, para luego comprometer nuevos dineros.
También los docentes han mostrado una vez más su escaso compromiso con los estudiantes de los colegios municipales. Más allá de la legitimidad de su demanda, el paro es un manifiesto exceso, sobre todo porque el pago del referido bono se ha reconocido como una obligación de la autoridad. Hay diferencias respecto del monto efectivo y del momento en que se debe materializar el pago, pero esto es algo que podría haberse resuelto sin las exageradas medidas de fuerza adoptadas por los profesores. A juzgar por las reacciones de muchos apoderados, esta actitud le ha restado una enorme legitimidad al Colegio de Profesores. La movilización anunciada para hoy seguramente reducirá aún más la confianza en ellos.
Este conflicto ha puesto en renovada evidencia cuán gravemente inconveniente es establecer negociaciones centralizadas en la educación estatal, y la inadecuada manera de definir los salarios de los docentes -materias obviamente relacionadas de modo estrecho-. Las negociaciones deberían darse en el nivel local, y el gobierno central, a lo más, debería definir criterios generales, no demasiado distintos de los que ahora fija para la educación particular subvencionada.
La actual estructura salarial se ha vuelto extremadamente compleja -prueba de ello es la definición de este bono- y no guarda ninguna relación con los aprendizajes de los estudiantes. La antigüedad en el cargo comanda el proceso, y la negociación centralizada presiona precisamente por la mantención de esa equivocada estructura.
Antes de que sea demasiado tarde para la sobrevivencia de la educación estatal, urgen correcciones mayores en todos los planos aquí planteados. Si alguna duda hubiera cabido, las últimas semanas han mostrado con brutal crudeza uno de los tantos factores que impiden que Chile avance hacia una educación de calidad.
Fuente:el mercurio
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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