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 Dirigentes del sector y economistas  detectan los avances y vacíos que dejaría el proyecto de ley que hoy anunciará  el Gobierno. La nueva normativa pretende nivelar la cancha para las firmas que  desde hace una década han sido golpeadas por la indiferencia de la política  económica.  Antecedido por gran expectación y eterna espera, la Presidenta Michelle  Bachelet dará a conocer hoy el proyecto de Estatuto Pyme, iniciativa que, en lo  sustancial, pretende "nivelar la cancha" en el acceso al mercado para las  empresas de menor tamaño. El tema no es menor, se trata de 722.700 firmas que  representan el 99% de las compañías formales y otorgan más del 80% del empleo  del país. Sin embargo, se han visto postergadas por más de una década en las  políticas económicas.Frente al optimismo expresado por el Ejecutivo días  previos al lanzamiento de la norma, los representantes del sector empresarial y  economistas prefieren la cautela. Y es que, de acuerdo a los antecedentes  disponibles, entre las medidas se develan significativos vacíos respecto de las  necesidades de fondo del sector.
 En concreto, se espera que en el estatuto  se determine una alza de 4% a 8% del crédito tributario por inversión en activos  fijos. En otras palabras, por cada adquisición de este tipo la firma podrá  descontar tal margen en su Declaración de Renta del año siguiente. En este  plano, de acuerdo a información proporcionada por Tesorería, a la fecha, la  deuda fiscal del sector supera los US$1.900 millones.
 Para el presidente de  la Confederación Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Micro Industria,  Servicios y Artesanado (Conupia), Iván Vuskovic, "el problema con la pequeña  compañía es que no hace inversión, por lo tanto, no son muchas las que se van a  beneficiar con esta medida".
 Según el economista de Gemines Andrés Passicot,  tal iniciativa va en la dirección correcta. Argumenta que "la legislación  tributaria está hecha para las empresas grandes y no hay ninguna duda que para  las Pymes esas normas le causan más daño que otra cosa".
 El proyecto de ley  también contempla un procedimiento extrajudicial para la resolución de las  situaciones de riesgo de quiebra de las pequeñas empresas, a través del  nombramiento de un asesor externo para el examen de cada caso particular. De  acuerdo al titular de la Confederación Nacional de Sindicatos de Taxis y  Colectivos de Chile, (Conatacoch), Héctor Sandoval, el impacto será positivo.  Comenta que en repetidas ocasiones las firmas de menor tamaño deben enfrentar  costosos requerimientos judiciales, lo que termina mermando sus posibilidades de  resurgimiento. Passicot, por su parte, sostiene que si se trata de empresas que  de todas maneras deben desaparecer, es mejor que esto se realice en 90 días que  en un año y medio.
 Multas Laborales
 A su vez, se consignará la reducción  de las multas por incumplimientos laborales, de manera de equiparar las  condiciones entre las empresas de distinto tamaño. Así, en el caso de compañías  de hasta 49 trabajadores se acotaría desde UTM 20 a 10 la sanción máxima,  mientras que en aquellas con más empleados, la multa se elevaría desde UTM 40 a  90. "Mientras más claras sean las diferencias de tratamiento, es mejor para  nuestro sector y nos hace más llevaderos los compromisos", plantea Vuskovic. Sin  embargo, el economista y consultor Enrique Goldfarb, advierte que se trata de  una medida "paliativa" que no resuelve los temas de fondo.
 Según fuentes del  ámbito, la iniciativa incluye además el otorgamiento de permisos y patentes  provisorias para el inicio de actividades, estableciéndose un plazo de 90 días  para la presentación de los antecedentes requeridos para la apertura de un  negocio. Sandoval señala que "esto es una gran necesidad. Actualmente las  empresas se gastan el capital en cuatro o seis meses haciendo trámites para  empezar a trabajar; en cambio, otras pueden darse el lujo de proyectar el  negocio a uno o dos años".
 Vuskovic añade que de este modo "se invierte la  lógica que observábamos hasta ahora; se permitirá iniciar un negocio sin  necesidad de tener todos los documentos listos, sino que a través de un plazo  que ayuda mucho".
 Eso sí, los dirigentes gremiales afirman que uno de los  temas ausentes es lo referente a los compromisos consignados en el boletín  comercial. "De hecho, cuando se habla de las deudas de imposiciones, nos  encontramos con la paradoja de no tener acceso a crédito para cancelar esas  morosidades, precisamente por estar en Dicom", expresó Sandoval.
 Deuda Bancaria 
 Otro aspecto fundamental que el  documento no estaría considerando responde a la fuerte deuda bancaria del  sector, la que, según Goldfarb, superaría los US$9.000 millones. Se estima que  son más de 715.000 los deudores de este sector a septiembre, representando con  ello el 99% del total de firmas de menor tamaño.
 A juicio de Passicot, sería  razonable establecer reprogramaciones, periodos de gracia, como un límite a lo  que se puede aspirar o hasta una "cierta rebaja en la tasa de interés, pero no  un perdonazo".
 Goldfarb no coincide; se muestra partidario de condonar estos  compromisos. "La autoridad produjo condiciones de tasa de interés insoportables  (hacia fines de la década pasada) y no les dio ninguna posibilidad de acomodo  posterior a estas empresas. Hay una responsabilidad gubernamental, entonces el  perdonazo es a los propios gobiernos".
 Respecto al compromiso previsional  -del cual tampoco se haría alusión en la iniciativa-, el economista sugiere la  definición de un plazo para que en la medida que las firmas se vayan  capitalizando, se reintegren las cotizaciones que les deben a sus trabajadores a  través de un crédito.
 Otro ítem que estaría olvidado consiste en el plazo de  pago a los proveedores, quienes deben esperar hasta 120 días para recibir  cancelaciones, con las consecuencias financieras que esto genera. Y es que "si  un cliente cancela a cuatro meses, el día 30 hay que pagar el IVA con la  factura, tengo un forado más o menos complicado y en eso habría que buscar un  mecanismo para resolverlo", asegura el docente de la Universidad Finis Terrae  Javier Fuenzalida, agregando que una posibilidad es cancelar dicho impuesto una  vez realizado el pago.
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 Las Pymes suman 722.700 en Chile y representan el 99% de las compañías  formales. De estas, se contabilizan en cerca de 580 mil las microempresas; en 100 mil  las pequeñas, y las restantes son medianas.  Otorgan más del 80% del empleo del país. Se estima que a septiembre son más de 715.000 los deudores bancarios Pymes,  representando con ello el 99% del total de firmas de menor tamaño. El total de las exportaciones de las Pymes significa cerca del 5% de los  envíos totales de Chile.
 Con todo, mientras exista Boletin de  Informaciones Comerciales , "el peneca verde" que hoy es digital , no habrá  reactivacion posible de la PYME. El boletin comercial atenta a los derechos  humanos  en Chile y nadie dice o hace nada. Ha primado el interés económico  y de lucro en una entidad Gremil Privada por sobre el interés ciudadano. El  boletin lucra con la desgracia ageba y la comercializa. Pero lo más grave es que  comercializa el llamado "Histórico" que los  Bancos e intituciones  Financieras mantienen en sus registros y prácticas contraviniendo la ley de esa  forma.. El boletin comercial debe abolirse  |