La terminología política heredada del S.XX está trasnochada. Una misma realidad social puede ser abordada desde distintos planteamientos economicistas, desde estrategias diferenciadas en las que tienen pesos diferentes la competitividad, la productividad, la ausencia de conflictos, el bienestar, la salud de la empresa, del trabajador y del Estado. Pero, una vez aceptado que las reglas de juego cuando son consensuadas por todas las partes pueden diferir en fondo y forma, concluimos que sólo cabe desterrar los extremismos que no respetan el escenario democrático y los cauces de participación de todos los interesados. Esas concepciones que intentan imponer un estilo de vida colectivo, intentando situar al margen de la ley todo lo discrepante aunque bien razonado, y que encontramos agazapadas tras apelativos grandilocuentes, avaladas incluso por partidos mayoritarios, de derechas o de izquierdas, están contribuyendo a la subversión de aquellos valores que deben trascender a todo afán oportunista; a saber:
-El respeto a la libre y soberana decisión de los pueblos en cuanto a su integración o desgajamiento de un Estado.
- La defensa de la vía pacífica y negociada a las cuestiones territoriales.
- El planeta es el lugar común de todos, en esta y en futuras generaciones.
- la redistribución de los recursos de acuerdo con un principio de solidaridad.
- la independencia de la Justicia, sólo sujeta a controles de calidad como cualquier otro servicio. En este sentido, los jueces que con sus sentencias causan alarma social y contravienen el sentido común y la conveniencia social deben estar sujetos a examenes de perfil psicológico y de idoneidad para el puesto cual otros muchos profesionales en areas de responsabilidad sobre terceros.
- La eliminación de los privilegios en razón del nacimiento y pertenencia a familia o casta. El acceso a medios del Estado en materia formativa atenderá a méritos y no a cunas.
- La eliminación de la figura anacrónica de gobernantes por línea sucesoria, restos de épocas feudales. Su presencia es todavía justificada –sobre todo en países que han vivido conflictos civiles- con el argumento de que arbitran las luchas intestinas por territorios de poder y modulan los enfrentamientos entre partidos políticos opuestos. Un Estado democrático, consolidado y cimentado sobre instituciones y asociacionismo potentes no puede descansar la tranquilidad sobre los cauces en que resuelve sus problemas en la existencia de una familia a la que se totemiza.
- En la generación de riqueza, naturaleza y calidad de la actividad empresarial, condiciones de empleo y trabajo, etc. todas las partes implicadas deben pesar a la hora de la toma de decisiones. Las Instituciones no deben ceder a la tentación de cualquiera de las partes por superponer sus intereses a los de la otra. El deterioro de los derechos del trabajador en contextos de empresas medianas en aras de una liberalización que supuestamente fomenta la contratación ha convertido en papel mojado los avances en esa materia de las décadas pasadas.
- La integración de la pluralidad religiosa, étnica, sexual y, en conjunto, moral (de costumbres) dentro de la sociedad, penalizando todo acto de violencia, expresiva o física, por parte de quienes no admiten esa pluralidad y actúan como apóstoles de la ortodoxia.
En definitiva no viene a cuento hablar de derechas ni de izquierdas. Se trata más bien de discernir entre quienes, en sus programas, dan importancia a aquellos principios que pueden mejorar la convivencia, la integración y la calidad de vida de los ciudadanos y aquellos otros a quienes les importa un pito estas cuestiones de la intrahistoria y sólo viven pendientes de su ombligo y de cuestiones macroeconómicas y factores especulativos que favorezcan a su bolsillo.
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