MEDIO AMBIENTE
Transgénicos, ¿perjudiciales o una cuestión comercial?
La legislación permitirá etiquetar como ecológicos productos con una contaminación inferior al 0,9%
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Explotación agrícola con variedades transgénicas plantadas
paloma Silla
España es el principal productor de transgénicos de Europa. En 2006 se cultivaron más de 50.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. Este es el único cultivo transgénico permitido en el país además de otros productos que se consumen importados de otras partes del mundo como el algodón, la soja o las fresas.
Para Amigos de la Tierra y otras organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, actualmente, "no existe una legislación que proteja la agricultura convencional y ecológica de la contaminación por transgénicos". A pesar de que, desde el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente "se han presentado varios borradores de Decreto sobre la llamada coexistencia entre la agricultura transgénica y la convencional o ecológica, todos han sido claramente insuficientes", asegura David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra. En varias ocasiones, añade, "una amplia coalición de organizaciones nos hemos dirigido al gobierno para expresar nuestra opinión sobre esta legislación, consiguiendo, a través de esta movilización social, paralizar una ley claramente perjudicial para el medio ambiente y la salud pública".
Así, los ecologistas señalan que desde 1998 España ha venido cultivando OMG (Organismo Modificado Genéticamente) sin que se realice ningún tipo de seguimiento al respecto, sin que se sepa exactamente cuánto o dónde se cultivan y con una absoluta falta de transparencia". Amigos de la Tierra "ha expresado en varias ocasiones a la administración central su preocupación por la situación que los transgénicos plantean para nuestra agricultura y alimentación".
Sin embargo, "el Gobierno sigue aprobando nuevas variedades del maíz modificado genéticamente MON810, decisión que contrasta con la postura más prudente de otros países europeos que han prohibido su cultivo, como Francia, Austria, Grecia o Hungría", comenta.
Desde la plataforma ecologista aseguran que en los últimos diez años no se ha aprobado un nuevo cultivo transgénico en la Unión Europea, debido "al fuerte rechazo social de consumidores y agricultores". Aún así, el reglamento que entrará en vigor en enero de 2009 permite la presencia de OMG en la Agricultura ecológica, hasta en un 0,9% por contaminación.
Ante esta realidad, varias plataformas, insiste David Sánchez "realizan una intensa labor de presión sobre la complicada burocracia europea, con el objetivo de hacer llegar la voz de las personas preocupadas por el medio ambiente hasta los foros donde se toman las decisiones, para conseguir una agricultura y alimentación sostenibles, libres de transgénicos".
Muchas son las propuestas que las oenegés junto con otros colectivos agrícolas como la Unió Valenciana de Llauradors i Ramaders, han presentado para controlar el uso de transgénicos. Una de las principales es la elaboración de una base de datos que controle las zonas específicas donde se trabaje con transgénicos, ante la "falta de rigurosidad" que existe en registros recientes elaborados por las propias industrias biotecnológicas. Así, Amigos de la Tierra, en colaboración con otras asociaciones y grupos locales, están elaborando un listado con todas aquellas zonas libres de transgénicos.
Por último, David Sánchez, también solicita que se establezca "un sistema de responsabilidad para aquellos que contaminen cosechas ecológicas", entendiendo como último responsable al propietario de la tecnología, porque "no informa al agricultor de las medidas de seguridad que debe tomar, como respetar una separación efectiva para evitar la polinización transgénica de cosechas que no lo son".
Seguridad
Desde un punto de vista científico, no hay razones para alarmarse por el consumo de transgénicos. Al menos existe la seguridad de que todos los transgénicos que se comercializan "se han sometido a exámenes exhaustivos por lo que no suponen ningún riesgo para la salud humana", garantiza el investigador del CSIC y miembro del Panel de Transgénicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Josep Maria Casacuberta.
Es más, "en más de diez años no hay ni un solo estudio que demuestre que algún transgénico haya tenido consecuencias negativas hasta el momento", matizó. Esta afirmación responde a estudios exhaustivos que pueden llegar a prolongarse entre tres y cinco años. "Cualquiera que pretenda comercializar un producto obtenido de un organismo modificado genéticamente debe aportar una serie de datos y características del gen introducido en el organismo, así como evaluar los posibles riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente", comenta.
Tras la presentación de los datos "la documentación es evaluada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que da una opinión científica, aunque la decisión final de aprobación de su comercialización depende de la Comunidad Europea", explica.
Estos análisis aportan unas garantías de seguridad alimentaria que no deben dejar de efectuarse ya que "siempre hay que analizar el producto a comercializar porque cada transgénico es diferente y debe ser analizado antes de llegar al mercado", concluye Casacuberta.
Mientras científicos garantizan la seguridad del consumo de los transgénicos actualmente comercializados, hay países europeos que desean prohibir su uso en la agricultura. No se trata de una negación definitiva. La legislación es europea y por lo tanto debe ser acatada por todas las naciones pertenecientes a la Unión. La negativa por lo tanto es temporal acogiéndose a lo que se conoce como "Cláusula de Salvaguarda". Eso sí, los interesados en prohibir el uso de ciertos transgénicos deberán aportar datos científicos que prueben la inviabilidad de un determinado OMG en su territorio.
Con el respaldo del criterio científico, garantizando la calidad y seguridad de los alimentos transgénicos, cabe reflexionar si el problema actual de su uso obedece a una cuestión comercial y legal, que debe velar porque los intereses particulares sean preservados, reconocidos y respetados.
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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